La Ley Nº 21.180, promulgada en noviembre de 2019, representa un hito trascendental en la transformación digital del Estado chileno. Esta legislación impulsa la completa digitalización de los procedimientos administrativos de los órganos de la Administración del Estado.
La iniciativa tiene como objetivo principal agilizar y transparentar los servicios gubernamentales, proporcionando certeza y seguridad en las interacciones con los ciudadanos. Esta ley aplica a Ministerios, intendencias, gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, Contraloría General de la República, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los gobiernos regionales y a las municipalidades.
Los 6 ejes del proceso de transformación digital del estado
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Comunicaciones electrónicas: Todas las comunicaciones oficiales entre los órganos estatales se registran en DocDigital, asegurando un seguimiento eficiente.
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Notificaciones electrónicas: Las notificaciones se realizan de manera electrónica, eliminando el uso del papel y acelerando los procesos.
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Procedimientos administrativos electrónicos: Las solicitudes y documentos se presentan exclusivamente en formato electrónico, simplificando el proceso y reduciendo el tiempo de respuesta.
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Expedientes electrónicos: Todos los procedimientos administrativos se documentan en expedientes electrónicos, facilitando el acceso y la gestión de la información.
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Digitalización de documentos: Las solicitudes en papel se digitalizan y se integran en los expedientes electrónicos, optimizando el almacenamiento y la búsqueda de información.
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Principio de interoperabilidad: Se promueve la interoperabilidad entre las instituciones estatales, garantizando una colaboración efectiva y eficiente.
Implementación
La implementación de la ley se lleva a cabo en tres etapas.
La primera comenzó con la publicación de la ley en noviembre del 2019, estableciendo las bases para la transformación digital.
En la segunda etapa, que inició en noviembre de 2020, se establecieron los reglamentos y decretos con gradualidad en la implementación, aplicándose también en leyes especiales y definiendo estándares para las plataformas, notificaciones, digitalización y el Archivo Nacional Electrónico.
La tercera fase implica la preparación para la implementación, donde se trabajan los estándares de plataformas, comunicaciones oficiales, digitalización, interoperabilidad y expedientes electrónicos en colaboración con las instituciones gubernamentales.
Para diciembre de 2027, se espera que la ley esté completamente implementada, transformando por completo la forma en que los ciudadanos interactúan con el Estado, brindando servicios más rápidos, seguros y transparentes gracias a la adopción generalizada de procesos administrativos electrónicos.