Chile enfrenta una situación preocupante con 642 investigaciones abiertas por el Ministerio Público en relación a delitos de malversación y fraude al Fisco por parte de alcaldes y funcionarios municipales. La Región Metropolitana lidera con el 28% de los casos, seguida por Valparaíso y Biobío. Entre los casos más notorios se encuentran los de Vitacura, Maipú y Recoleta, con sus ex alcaldes y alcaldes con medidas cautelares y detenidos respectivamente. Estos casos son parte de un amplio espectro de delitos que incluyen malversación de fondos públicos, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Las comunas más afectadas por denuncias incluyen Tierra Amarilla, Viña del Mar, Antofagasta, Santiago y La Pintana, lo que expone un desafío significativo en la lucha contra la corrupción municipal en Chile. Como ciudadanos, nos encantaría que estos casos fueran aislados, pero lamentablemente estas más de 600 investigaciones vigentes, están presentes en todas las regiones del país, lo que supone que muchos de los municipios del país tienen o han tenido desvíos ilícitos de recursos municipales.

Ante esta situación, la Contraloría General de la República, bajo la dirección interina de Dorothy Pérez, ha implementado cambios significativos tras la salida del ex contralor Jorge Bermúdez, estableciendo una nueva División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, con el fin de para abordar eficazmente los casos de presunta malversación de fondos públicos. Además, la unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, liderada por Eugenio Campos, está colaborando estrechamente con la Contraloría para investigar estos asuntos. Campos enfatiza la importancia de rastrear el dinero y los activos obtenidos ilícitamente, al igual que en los casos de crimen organizado. La reestructuración administrativa impulsada por Ángel Valencia busca optimizar las investigaciones y formar equipos especializados en la lucha contra la corrupción. Todas estas medidas que van adoptando las distintas instituciones encargadas de salvaguardar, entre otras cosas, los recursos públicos, se están limitando a la persecución y al tratamiento paliativo del problema, que es la corrupción que se aprovecha de la falta de control que tienen los servicios y entidades públicas, situación que hace extremadamente necesaria la incorporación de nuevas medidas tendientes a fiscalizar y transparentar el uso del dinero público, incorporando medidas preventivas que transparenten y mejoren los procesos de asignación, rendición, control y reporte de las distintas iniciativas financiadas por el estado.